SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público informó este jueves que solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de medidas de coerción contra 21 imputados de trata de personas con fines de explotación sexual en la Operación Cattleya.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, quien dirige la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), explicó que el Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra 18 personas físicas y tres entidades comerciales.
“El Ministerio Público tiene abierta una investigación, continúa con su investigación en marcha y más adelante las entidades, ya sean comerciales o personas físicas que resulten vinculadas con esta investigación, serán presentadas a la acción de la justicia”, dijo la titular de la PETT en respuestas a preguntas de la prensa a la salida del tribunal.
Detalló que a solicitud de algunas de las defensas técnicas la audiencia fue aplazada para el próximo viernes 26 de agosto. “Han externado algunas solicitudes de derecho (las defensas), pues el juez ha procedido a acoger su solicitudes y el Ministerio Público, entendiendo que hay algunas solicitudes de fusión respecto a tres personas que se han presentado solicitud de medida de coerción nuevas y que por estar vinculados los casos y tratarse del mismo proceso, de la misma operación, pues también el Ministerio Público entendió pertinente que se aplazaran para la misma fecha para ser discutida esa solicitud de fusión y el conocimiento de la audiencia para el viernes 26 de agosto”, dijo.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra los encartados, así como que se declare el proceso de tramitación compleja.
Por este caso son procesados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas y el sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
También, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Braulio Manuel Lugo, Zafiro Nataly Sánchez González y Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel).
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los cuales el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
En la audiencia además de Bejarán Álvarez, el órgano investigador estuvo representado por el titular de la Inspectoría General del Ministerio Público, procurador adjunto Juan Medina de los Santos, así como por Aleika Almonte, Belkis Ulloa, Eduardo Velázquez y Ginna Matías.
El juez Pablo Imbert, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó por tercera ocasión el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, que ahora fue fijada para el próximo 26 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
Debido a la cantidad de personas la audiencia fue celebrada en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves 4 de agosto la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
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