Luego de 61 años del cruel asesinato de las Hermanas Mirabal, la violencia contra las mujeres sigue produciendo una vorágine de dolor que enluta y empobrece a la sociedad dominicana.
Como cada 25 de noviembre, lamentamos aquel vil crimen cometido por la dictadura contra las heroínas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres mujeres valientes que amaron esta nación por encima de todo y pagaron la lucha por la libertad con sus vidas.
Honrar su memoria no es solo recordar su lucha por una sociedad de derechos, también es necesario un marco legal que garantice los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Honrar su memoria es adaptar la legislación para proteger la vida y la integridad de todas las personas.
Honrar su memoria es responder a la urgencia de que el Estado dominicano cuente con un sistema integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores.
Un sistema que defina y estandarice la interpretación y tipificación penal de los casos de agresión, pues la diferencia de criterios entre instituciones a veces genera situaciones de indefensión y re-victimiza a las perjudicadas.
Es un clamor que llega desde la sociedad civil, desde las entrañas del propio Estado y desde cada una de las familias que sufren y han sufrido situación de violencia hacia sus mujeres y sus niñas y al que nos sumamos desde la Procuraduría General de la República.
Ya hemos instruido a cada miembro del Ministerio Público para que la violencia feminicida no sea de ningún modo objeto de “actas de compromiso” que dejen libres a los agresores.
Desde la Línea Vida se ofrece asistencia los 365 días del año y, aunque contamos con 25 unidades especializadas para la atención de la violencia de género, cada fiscal tiene la obligación y el compromiso de perseguir y procurar prisión para quienes incurran estos crímenes y delitos que, principalmente, se ceban contra la integridad y la vida de niñas y mujeres.
Pero, reiteramos, el esfuerzo no debe ser aislado. Este es un problema que afecta las iniciativas para superar los índices de pobreza y colocarnos entre los países con cierto éxito en sus políticas públicas de protección a las mujeres en el camino hacia la Agenda de Desarrollo 2030.
Además, tener una vida digna y libre de violencia es un derecho de todo ser humano.
Es necesario, pues, contar con un marco legal inclusivo e igualitario, que cree un sistema integral para la prevención de la violencia de género, la atención a la víctima y la sanción al infractor para lograr erradicar ese mal en República Dominicana y propiciar el pleno desarrollo de nuestras niñas y nuestras mujeres.
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