SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA).- La procuradora de corte Mirna Ortiz reiteró este lunes que las defensas de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo continúan sin poder rebatir la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, lo que los empuja a la estrategia fallida de extender sus argumentos ante el tribunal.
“En esta etapa que nos encontramos, cada defensa tiene ahora la oportunidad de rebatir las pruebas presentadas por el Ministerio Público y hasta el momento ninguna de las defensas ha aportado nada significativo, nada que pueda destruir la acusación que tiene el Ministerio Público”, señaló la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz, quien fue entrevistada por miembros de la prensa a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, destacó que “por el contrario, sus alegatos, la longitud de sus alegatos y la presentación de sus pruebas muestran que efectivamente la acusación es fuerte y contundente y que por tanto tienen que extenderse en todo este tiempo”.
La litigante de la Pepca especificó que este lunes depusieron en el tribunal aproximadamente seis de las barras de defensa y que las demás continuarán exponiendo sus alegatos el próximo viernes.
Ortiz, quien estuvo acompañada en audiencia por los fiscales Yoneiby González, Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto, fue cuestionada sobre los acuerdos que han sido planteados por las defensas en relación con este caso, a lo que respondió que “los acuerdos se darán a conocer cuando se concluyan”.
La audiencia de este lunes, que por razones de espacio se celebró en la Sala del Segundo Tribunal Colegiado, fue conocida por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien continuará el proceso el próximo viernes.
La acusación presentada por el Ministerio Público en esta etapa consta de unas 3,445 páginas.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
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