HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de la provincia Hermanas Mirabal depositó acusación formal en contra de tres jóvenes que incendiaron una motocicleta propiedad de la Policía Nacional en Salcedo y que están en libertad con obligación de presentación periódica.

La Fiscalía avanza de esta manera en el proceso contra Raúl Argenis Hernández Camilo, Michael Rafael María Brito y Enmanuel Rafael Burgos Vásquez, a quienes en enero pasado la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente les impuso medida de coerción de garantía económica y presentación periódica.

De acuerdo con el auto de acusación presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió en la tarde del día de Año Nuevo, en momentos en que miembros de la División de Investigaciones de la Policía Nacional, conjuntamente con agentes de la Policía Preventiva y la Dirección Provincial de Salud, realizaban un operativo de prevención contra la propagación de la COVID-19.

La información destaca que el hecho tuvo escenario en el Colmado El Cruce, de la localidad de Monte Adentro, en el municipio Salcedo, cuando las autoridades llegaron y se encontraron con una multitud que ingería bebidas alcohólicas, y muchos de los presentes reaccionaron de manera violenta, luego de que la Policía ocupara las bocinas de varios propietarios de vehículos que se encontraban en el lugar.

El órgano de persecución penal señala que al momento en que las autoridades se marchaban del lugar, un grupo de personas agredió a los agentes policiales, lanzándoles piedras, botellas y tiros, lo que obligó a los miembros de la patrulla motorizada a dejar su vehículo abandonado frente al colmado para evadir los disparos. En medio de esa situación, los tres imputados aprovecharon para incendiar la motocicleta.

La Fiscalía informó que a los tres hombres se les impuso medida de coerción consistente en garantía económica y presentación periódica, que no se corresponde con la gravedad del caso, y que ha formalizado acusación por el hecho constituir una violación a los artículos 95, 265, 266 y 440 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Policía Nacional.

Agregó que el acto delictivo marcó a la sociedad mirabalense, por tratarse de un acontecimiento en el que se destruyó sin justificación un bien que fue adquirido por la Policía para brindar asistencia y protección a la ciudadanía.