Santo Domingo.- Atendiendo la solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de la Instrucción de Samaná dictó prisión preventiva en contra de dos agentes de operaciones de igual número de compañías de seguridad, que fueron arrestados en dichas agencias por estar implicados en el tráfico de armas.
Contra los gerentes de operaciones de las compañías de seguridad Leev, S.A y Atlantic Security S.A, Juan Bolívar López y Miguel Ángel Sánchez Nin, fueron impuestos seis y tres meses de prisión preventiva, respectivamente.
De acuerdo a lo establecido en la solicitud de medidas de coerción, López fue arrestado durante un allanamiento realizado en la compañía Leev, S.A, donde fueron ocupadas 25 armas, incluyendo 6 pistolas de uso deportivo, así como dos aparatos electrónicos STISH y dos macanas de madera.
En tanto que Sánchez Nin fue apresado en una operación similar que fue realizada en la compañía Atlantic Security S.A., donde fueron ocupadas 5 escopetas y una pistola de juguete.
El Ministerio Público ha dado a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, y 66, 67, 68 y 70 de la nueva Ley 631-16, que sancionan el porte, tenencia, comercio y tráfico de armas fuego ilegales.
Las autoridades indicaron que las armas confiscadas no contaban con los permisos legales correspondientes, y la mayoría contiene la misma numeración.
El Ministerio Público ha dado a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, y 66, 67, 68 y 70 de la nueva Ley 631-16, que sancionan el porte, tenencia, comercio y tráfico de armas fuego ilegales.
La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas trabaja en coordinación con la Superintendencia de Armas y otras agencias del Estado en el combate del tráfico de armas, a partir de un plan de acción desarrollado a nivel nacional.
Dicho plan contempla, entre otros, registros o allanamientos, el secuestro de las armas que no cumplan con los requisitos legales para ser utilizadas, así como el sometimiento a la justicia de los responsables del porte y tenencia ilegal de armas, y de aquellos que se dediquen a asignar las armas en tales condiciones.
Con ello se pretende lograr un mayor control del manejo de las armas y el cumplimiento de las normas legales que regulan dicho sector, indica la institución a través de un comunicado de prensa.
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