SANTO DOMINGO.- A raíz de las declaraciones contenidas en las cartas enviadas por la juez presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Público, la Procuraduría General de la República a través de su directora de comunicación, Julieta Tejada, reiteró su preocupación por posibles maniobras de algunos implicados y aclaró que en ningún momento se ha referido a las actuaciones de los jueces que conforman ese alto tribunal de justicia. Bajo ningún criterio la procuraduría; ni en esta ni otras discusiones, personalizaría una referencia de tal nivel de sensibilidad.

Al hacer la aclaración a través de su Dirección de Comunicación y Prensa, explicó que el Ministerio Público y en especial la Directora de la Pepca, Magistrada Laura Guerrero Pelletier, se ha referido exclusivamente a las actuaciones de algunos imputados del caso Odebrecht y no de los jueces, en virtud de informaciones fidedignas, evidencias documentales y contundentes que maneja la institución con respecto a la intención de éstos de que fuera designado un juez flexible o favorable a causas y objetivos particulares.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República fue enfática al expresar que siempre ha respetado y respeta las decisiones de ese máximo organismo de administración de justicia, resaltando que la presente gestión se ha caracterizado por respetar su rol y a todos los honorables jueces que conforman el Poder Judicial, al tiempo de señalar en reiteradas ocasiones “que nuestro único juez favorito es la justicia y que el escenario adecuado para debatir los argumentos es el tribunal”.

La institución destacó que así como los imputados han hecho uso de su derecho a defender la recusación a través de decenas de abogados en todos los medios de comunicación, la Procuraduría también está en su derecho de defender su posición como parte del proceso y encargada de la persecución del crimen en el marco estrictamente técnico, más aún, en el caso de corrupción más importante que ha enfrentado nuestro país.

Precisó en ese orden, que tal cual se puede constatar en las declaraciones de la Pepca, sus señalamientos técnicos fueron hechos hacia la intención de los imputados y no de los jueces y en el sentido de que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acogiera la recusación hecha por los abogados de algunos de los imputados bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, entonces quedarían igualmente excluidos los jueces de la Segunda Sala Penal para el conocimiento de la audiencia preliminar o la apertura a juicio, en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a solicitud del Ministerio Público.

La Dirección de Comunicación de la institución, expresó extrañeza de que sin haberse referido, aludido o cuestionado la actuación de los jueces de la SCJ ni de forma oral o escrita, pero sí la de imputados del caso Odebrecht, una honorable magistrada de la SCJ se haya dado por aludida y respondido en representación de todos.

La institución enfatizó en que el Poder Judicial es un poder independiente, resaltando en ese sentido, que tiene plena facultad para decidir sobre los jueces que entienda deben conocer dicho proceso, al tiempo de reiterar las excelentes relaciones que existen entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y la conciencia que ambos poderes tienen acerca del desafío que significa este caso para el sistema de justicia de la República Dominicana.