Ministerio Público asegura que cuenta con evidencias suficientes para que les sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción

DUARTE.- El Ministerio Público de esta localidad solicitó la imposición de prisión preventiva en contra de dos hombres que presuntamente le ocasionaron la muerte a otro en momentos en que se encontraban en un centro de expendio de bebidas alcohólicas de San Francisco de Macorís, el 23 de agosto de 2018.

La medida cautelar fue solicitada en contra de Henry Leonardo Reyna Villar, alias “Caco de Botella”, así como de Robinson Rafael García Alba, alias “Bibí”, imputados de haberle causado la muerte a Yeury Polanco Acosta, alias “El Cacón”.

Se informó que la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue aplazada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte para el próximo martes 26 del mes en curso, a las 11:00 de la mañana, porque el abogado de Reyna Villar no se presentó al tribunal.

Con relación a Reyna Villar, la información indica que fue deportado desde Texas, Estados Unidos de América, el pasado 19 de marzo por entrar de manera ilegal a esta nación.

En tanto que en el caso de Robinson Rafael García Alba, indicó que cumple prisión preventiva por otro proceso judicial, y que por su vinculación al asesinato le será la solicitada esa misma medida de coerción.

La Procuraduría General de la República indica en un comunicado de prensa, que este proceso judicial se lleva en un esfuerzo más de la presente gestión en la lucha contra el crimen y la impunidad, resaltando que pese a las acciones del imputado Reyna Villar para evadir la justicia, no logró sus propósitos y está siendo procesado en territorio dominicano por el grave hecho imputado.

Destacó el trabajo realizado por la Fiscalía de la provincia Duarte, en coordinación con otras entidades de investigación, para procesar judicialmente al imputado, así como el aporte a la lucha contra el crimen que se está logrando con el nuevo Sistema de investigación Criminal (SIC), implementado por el procurador general de la República,  con el fin de que exista un sistema unificado de seguimiento a los autores de estos hechos delictivos.