SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva impuesta a Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), uno de los imputados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Anti Pulpo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión, al destacar que no hay razones para variar la medida de coerción.
“Se acaba de revisar la medida de coerción de Fernando Rosa, la revisión obligatoria, y se acaba de confirmar la medida de coerción”, detalló sobre la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero.
“Esa es la decisión que en Derecho debía de tomarse, toda vez que no se han presentado presupuestos y no hay razón jurídica como para que la coerción sea variada”, destacó Camacho en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que lo abordaron cuando salía del tribunal que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Enfatizó en que “hasta ahora no existe una sola razón jurídica para que la medida de coerción de Fernando Rosa sea variada y en consecuencia ha sido confirmada”.
Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, del cual también formaron parte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, Elizabeth Paredes, Héctor García y Ernesto Guzmán Alberto.
Fernando Rosa cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El Ministerio Público acusa a Rosa de formar parte del entramado de corrupción que dirigió Juan Alexis Medina Sánchez, también con prisión preventiva, quien estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
En el caso además está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Alexis Medina.
También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación al caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla en el CCR Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
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