SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reafirmó la madrugada de este miércoles que los equipos de persecución del Ministerio Público seguirán con su gran esfuerzo para que en el país haya sanciones en los casos de corrupción administrativa, sin importar que tribunales favorezcan a imputados de desfalco con el cese de la prisión preventiva.
“Como dijimos, y hoy reiteramos, mientras más decisiones se den, que entendamos que sean favorables a casos como este, más horas trabajaremos, más tiempo vamos a dedicar, más horas de trabajo vamos a dedicar a la persecución de la corrupción”, sostuvo Reynoso.
La responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público se refirió al tema al responder a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en favor del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal acusado del Caso Medusa.
El juez Amauri Martínez dispuso el cese de la prisión preventiva a Rodríguez Sánchez y varió la medida por arresto domiciliario, la presentación de una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
“El magistrado acogió, a pesar de la oposición del Ministerio Público, la parte querellante: el cese de la prisión preventiva. No obstante, en su propia decisión, el juez reconoce que persiste el peligro de fuga y aclara que esta decisión no tiene que ver ni con pruebas ni con los hechos de la imputación”, resaltó Reynoso.
“El Ministerio Público ha dicho, y reitera, que (el expediente del Caso Medusa) es una acusación blindada con una cantidad de pruebas sin precedentes en materia de persecución de la corrupción o de cualquier otra persecución de la criminalidad organizada”, indicó.
Adelantó que los fiscales van a ponderar la decisión del juez, a la que, evidentemente, el Ministerio Público se opuso debido a que estableció mecanismos de derecho, jurisprudencias y doctrinas que apoyaban su teoría respecto a que el tiempo del cese la prisión preventiva no se debe ver como algo matemático con un cese automático.
“El tribunal decidió lo contrario y el Ministerio Público por eso no va a dejar de hacer su trabajo, no va a dejar de buscar en este caso, que reiteramos que es un proceso blindado, una condena”, indicó la procuradora adjunta.
Insistió en que los fiscales seguirán la lucha contra la corrupción administrativa. “Ya se ha comenzado a ver sentencias condenatorias”, indicó.
“No hay forma de que en este proceso contra Jean Alain no haya una sentencia condenatoria, porque así lo establece la enorme cantidad de pruebas, y reiteramos que el propio juez admite, cuando está exponiendo las motivaciones, que en en el caso de Jean Alain persiste el peligro de fuga, pero que entiende que debía acoger el cese de la prisión preventiva”, dijo.
Explicó que respecto al argumento valorado por el juez, el Ministerio Público estableció con sentencias de la Corte Interamericana que el plazo de la prisión preventiva no era automático.
Explicó que cuando se le haga la notificación de la sentencia, el Ministerio Público hará sus ponderaciones de lugar. “Lo que sí queda absolutamente claro es que el Ministerio Público no dejará de poner el gran esfuerzo que el equipo está haciendo para que haya sanciones en estos casos de corrupción, independientemente de las decisiones que se dispongan con relación a los ceses de la prisión preventiva”, indicó.
Reynoso representó al Ministerio Público en la audiencia junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, y el fiscal Emmanuel Ramírez.
Al exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020.
El juez Martínez adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida y solicitud del cese de la prisión preventiva hecha por la defensa del acusado.
La audiencia fue celebrada por razones de espacio en la sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, y la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
El 17 de octubre del pasado año el juez Martínez fijó para este 17 de enero a las 9:00 de la mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción al imputado Rodríguez Sánchez.
En horas de la mañana del martes fue aplazada para la tarde de este mismo día a solicitud de la defensa del procesado, que pidió más tiempo para conocer nuevos documentos aportados por el órgano acusador. Luego, el magistrado Martínez dio a conocer la decisión en horas de la madrugada de este miércoles.
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