El procurador adjunto dice fue construida para mantener al Estado dominicano como un rehén de la corrupción

SANTO DOMINGO, (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho señaló este domingo que la estructura de corrupción elaborada por los implicados en Operación Calamar, en su accionar, afecto tanto los intereses del Estado dominicano como los de origen privado.

“Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A eso fines han estado depositando querellas, en los últimos días en el tribunal, incluso, se depositaron querellas en el día de hoy. Eso motivó el aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Camacho indicó que han sido depositadas unas cinco querellas, las cuales están dirigidas a la mayoría de los procesados y explicó que esas personas que se querellaron pidieron que les fuera notificado a las partes y a esos fines la audiencia fue aplazada.

“Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo, porque hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón está acudiendo al tribunal” sostuvo el titular de la Pepca.

Ante la decisión de la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, quien aplazó para el próximo miércoles 29 del presente mes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, el procurador adjunto precisó que el Ministerio Público estaba listo para conocer esta etapa del proceso contra los imputados en esta red de corrupción.

“Hemos venido una vez más en disposición de conocer este proceso que gira sobre una estructura de corrupción que se construyó para estafar, defalcar al Estado dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción”, aseguró el titular de la Pepca.

Camacho, quien este domingo estuvo acompañado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; por la procuradora de corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz y por los también fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena, rectificó que son 20 las personas a las que se les está solicitando medida de coerción.

El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de  Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA),  Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.