SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, un tribunal condenó a 10 años de prisión a una mujer procesada por tráfico, contrabando y comercialización ilegal de armas de fuego, las cuales eran introducidas al país desde Estados Unidos.

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste contra Yeraldy Muñoz Cabrera, también identificada como Yeraldy Cabrera, Geraldy Muñoz Cabrera y Yeraldy Muñoz Cabrera de Valerio. El tribunal estuvo presidido por el magistrado Julio de los Santos Morla, e integrado por las juezas Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Vilma Méndez y Sugely Valdez, presentó pruebas que demostraron que la procesada violó múltiples disposiciones de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, incluyendo los artículos 6 (numerales 1 y 2), 7 (numerales 1 y 2), 66, párrafo V, así como los artículos 68, 70, 71, 72 y 73.

Asimismo, el expediente, instrumentado por el fiscal Argenis Gutiérrez, establece que la acusada incurrió en violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relativos a la asociación de malhechores, y de los artículos 333, 334, 335, 338 y 343 de la Ley No. 168-21 sobre Delitos Aduaneros, Faltas Tributarias y Faltas Aduaneras, relacionados con defraudación aduanera y contrabando.

De acuerdo con la acusación, la procesada recibió en su residencia un tanque enviado desde Brooklyn, Estados Unidos, por su esposo, Eladio Valerio Martínez. En el interior del mismo fueron encontradas mil quinientas cápsulas calibre nueve milímetros, así como cinco pistolas con sus respectivos cargadores, de diversas marcas y modelos.

El cargamento fue interceptado en el Puerto de Haina Oriental, tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas (DGA) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en el país.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2024,  los fiscales Argenis Gutiérrez y Jhony Germán en compañía de un oficial encubierto se trasladaron a la residencia de la condenada, ubicada en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, donde se materializó la recepción del referido tanque.

Mediante orden judicial, el Ministerio Público procedió a realizar un allanamiento en el inmueble, logrando incautar varias armas de fuego, cargadores, documentos, un vehículo marca Honda CR-V, evidencias que fortalecieron la acusación y sustentaron la condena impuesta.