SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía del Distrito Nacional suscribieron este miércoles un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para crear la Unidad de Investigación de Delitos Financieros que operará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, y tendrá como función principal perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de intermediación financiera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.

Esta Unidad también tendrá las funciones de: Investigar y procesar penalmente, a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria, del sistema financiero regulado. También, a través de la misma se perseguirá y procesará penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan u omitan la realización de estos actos, con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.

El acuerdo interinstitucional fue suscrito por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa ofrecida en el Salón de Conferencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Al acto de la firma de dicho acuerdo asistieron representantes de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos  (LIDAAPI) y de Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, Inc. (ABANCORD), así como otros miembros del Ministerio Público y funcionarios de la SIB.

En el acto el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdez, destacó los esfuerzos de las autoridades del Ministerio Público y de la Superintendencia de Bancos (SIB) para crear la referida Unidad y precisó que a través de la misma serán simplificados y agilizados los procesos judiciales.  “O sea que esa unidad especializada agilizará esos procesos, permitirá que muchos delincuentes que andan por ahí, que se detienen, se someten a la justicia y que por falta de una base que sustente el expediente ante un juez queda libre”. Analizó.

Consideró que para la ABA, la LIDAAPI y ABANCORD constituye un paso de avance esa iniciativa, que, a su entender, redundará en resultados muy beneficiosos para la ciudadanía y fortalecerá la credibilidad en el sistema financiero nacional.

En tanto que el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, informó que la Unidad de Investigación de Delitos Financieros ya está funcionando en la Fiscalía del Distrito Nacional y que en el transcurso de la semana terminarán de afinar todos los detalles que estaban pendientes para fortalecer su operación.

Al responder preguntas de los periodistas, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, resaltó que el convenio busca fortalecer la persecución de los delitos financieros. Dijo que la Unidad dará una respuesta contundente para perseguir a todos los que violen las leyes.

Más detalles del convenio

Otra de las funciones de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, será perseguir y procesar penalmente, a los funcionarios y personal de la Administración Monetaria y Financiera y los funcionarios, empleados, accionistas, directores, administradores y funcionarios de las entidades de intermediación financiera reguladas, así como, cualquier persona física o jurídica, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario.

La Superintendencia de Bancos se ha comprometido a cooperar con todo el apoyo que requiera para operar, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, para proteger a la ciudadanía de la intermediación financiera ilegal.

Por razones de logística, se ha considerado conveniente ubicar la Unidad de Investigación de Delitos Financieros en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, aprovechando la sede de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y la experiencia acumulada de su titular en la atención y manejo de una variedad y número de casos de la especie ocurridos en los últimos años, aunque queda claramente establecido, que la Unidad tiene un carácter nacional, en sus objetivos y propósitos.

La Unidad de Investigación de Delitos Financieros será dirigida conforme a las políticas y parámetros de investigación, persecución e introducción al sistema penal, que trace el Ministerio Público, conjuntamente con las que sean aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Adicionalmente, el cuerpo técnico de la Unidad, que estará conformado por el fiscal director de la Unidad y los fiscales miembros que se designen, deberá investigar y litigar en todos los procesos penales que sean conocidos o introducidos al sistema penal por la unidad, en las distintas fases e instancias, cumpliendo con los plazos previstos en la Ley.

La Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional se han comprometido a observar de manera estricta y rigurosa, la confidencialidad en el manejo y uso de las informaciones que se deriven del Acuerdo.

Con la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional, están adoptando medidas oportunas para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos, como parte de la responsabilidad absoluta del Estado y, de manera particular, para atacar los delitos financieros que han surgido en los últimos meses, los cuales ameritan una especialización en la persecución, por la naturaleza que poseen, y además, hacen indispensable una coordinación eficiente con organismos reguladores y supervisores, como es el caso de la Superintendencia de Bancos, con quien el Ministerio Público y muy especialmente, la Fiscalía del Distrito Nacional, ha venido desarrollando trabajos conjuntos de manera efectiva.