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DGSPC informa se reduce a su mínima expresión la llegada de familiares de privados de libertad que acuden en busca de información de sus parientes

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) sigue trabajando en el restablecimiento del Centro de Privación de Libertad de La Victoria, a una semana de la ocurrencia del incendio que dejó como saldo a 13 privados de libertad fallecidos.

Dentro de los trabajos están las jornadas de limpieza a cargo de las brigadas conformadas por los privados de libertad pertenecientes al periodo de prueba de la Dirección de Medio Libre, el retiro de escombros de la zona afectada y el suministro de materiales gastables y artículos, tales como, kits de higiene, botellas de agua, colchones, toallas y comestibles, que han sido suministradas tanto por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), así como por donaciones de organizaciones sin fines de lucro, iglesias de las diferentes denominaciones que operan en ese centro e instituciones del Estado.

Mientras que en las afueras del centro penitenciario se visualiza una significativa reducción de la cantidad de familiares que acuden al Centro de Privación de Libertad de La Victoria en busca de información de sus parientes, luego del incendio que afectó ese recinto penitenciario el pasado 18 de marzo; hasta el mediodía de ayer martes, solo 5 familias se presentaron al centro a preguntar por sus parientes a los empleados de la DGSPC que laboran en Línea de Ayuda, creada en ese recinto penitenciario a raíz del siniestro. Hasta la fecha 254 familias han sido asistidas.

Los especialistas de la salud mental, Roxana Ramírez, psiquiatra; Ramona Bernabé, encargada de Salud Mental de la DGSPC, y Agustina Medina, así como los representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos y del Sistema Nacional de Salud, Francis Báez y Manuel Medina, coordinador de Psicólogos del SNS, junto a un equipo del área trabajan en la estabilidad psíquica y emocional de la población privada de libertad, en la primera fase, luego de la tragedia.

Citaron la ansiedad intensa y aflicción, entre las condiciones que han identificado como los principales efectos secundarios producto del incendio.

Las especialistas que asisten a los privados de libertad expresan que la pérdida de sus pertenencias en el siniestro es un tema preocupante para ellos. “Estamos ante personas que se encuentran en estado de duelo, producto de que además de haber perdido su libertad, ahora también pierden sus pertenencias y sus compañeros, lo que les ocasiona una mayor aflicción, por lo que estamos trabajando el afrontamiento, para, luego pasar a la fase de anhelo, en la cual se encontrarán en la búsqueda de las cosas perdidas”, dijo Ramona Bernabé, encargada de Salud Mental de la DGSPC.

En tanto que personal de los departamentos de Bienestar Social y Salud Mental, de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), hacen visita a las residencias de estos con la finalidad de dar seguimiento a su condición emocional.

Por otro lado, en el día de hoy se realizaron 150 nuevos traslados de privados de libertad hacia los centros de 19 de marzo en Azua, donde fueron llevados 50 y 100 a San Juan de la Maguana, para un total hasta el momento de 1,169 privados de libertad, que han sido movilizados hacia 13 centros, de los cuales, 8 fueron a centros reformados y 5 a centros no reformados.

En un comunicado de prensa, la institución del Sistema Penitenciario reveló que los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), continúan trabajando para la identificación de los cadáveres que están pendientes de determinar su identificación.

La DGSPC dijo que los privados de libertad, Rudy Merquin Rivera, preventivo, acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal, y la Ley 631-16 de Armas; Ángel Amado Peña Féliz, acusado de violar los artículos 265, 266, 309 y 379 del Código Penal; Alexander Pimentel Disla, acusado de violación a los artículos 265, 266, 295, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y José Javier Ramírez, son los únicos privados de libertad que hasta el momento están siendo reclamados por sus familias.

 

 

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