SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 30 años de reclusión mayor en contra de un hombre que, de varias puñaladas, le quitó la vida a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el pasado año 2023, en el sector Respaldo Villa Carmen, del municipio Santo Domingo Este.

La condena de 30 años de prisión le fue impuesta por el Segundo Tribunal Colegiado, que preside la jueza Josefina Ubiera Guerrero, e integran los magistrados Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez, en contra de Luis Eduardo Terrero Gómez, quien cometió el hecho de sangre en contra de la ciudadana puertorriqueña Angeliris Marrero García.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Alberto Liranzo, demostró con suficientes elementos de prueba, que Montero violó los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario, previstos y sancionados en los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano y los artículos 43 letra B, 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Geivis Tapia, relata que el suceso ocurrió el 31 de diciembre del año 2023, en la vivienda ubicada en la calle Primera, número K9, del sector Respaldo Villa Carmen, municipio Santo Domingo Este.

Detalla, que el hoy condenado, en horas de la madrugada, se presentó a la sede principal de la Policía Nacional, en la fecha antes indicada y confesó el hecho de sangre que había cometido, pero antes de haberse presentado en esa institución, llamó a los familiares de la víctima por medio de videollamada y les mostró el cuerpo sin vida de la occisa, tratando de justificar el hecho cometido.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Ciencia Forenses (INACIF), en su informe de autopsia judicial No. SDO-A-0001-2023, determinó que la víctima murió a causa de herida corto-penetrante en el abdomen.

Los jueces dispusieron que la sentencia sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.