El fiscal José Miguel Marmolejos, respecto a la decisión, señaló que no está apegada al derecho y recordó que hace apenas tres meses un tribunal de mayor jerarquía había declarado que no estaba extinguido el proceso

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público informó este lunes que apelará la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declara la extinción de la acción penal en el caso Los Tres Brazos.

Por la venta ilegal de terrenos en ese sector fue procesado Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) junto a otras 16 personas involucradas en el caso.

El fiscal litigante José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reprobó la sentencia, destacando que no está apegada al derecho.

“El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió el pedimento incidental formulado por los acusados en el caso de Los Tres Brazos y declaró la extinción de la acción penal en el proceso por el vencimiento del plazo máximo del tiempo transcurrido de la investigación”, explicó Marmolejos a través de un comunicado de prensa.

“En el Ministerio Público, nosotros no estamos conformes con esa decisión, y vamos a apelar la misma dentro de los plazos que establece la ley, entre otras razones, porque apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía que el Cuarto Tribunal Colegiado, ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso”, señaló.

En ese sentido, agregó “nosotros entendemos que la decisión que adoptó el tribunal no es apegada al derecho y vamos a proceder a apelarla”.

Marmolejos representó al Ministerio Público junto a los también fiscales Wagner Cubilete y Rosa Pichardo.

Fiscales adscritos a la Pepca establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.

Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del acusado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue destituido tras ser investigado por cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en el año 2022 dictó un auto de no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar y los demás acusados de la venta ilegal de los terrenos en Los Tres Brazos.