HERMANAS MIRABAL, RD.- El Ministerio Público de esta provincia obtuvo medidas de coerción consistente en garantía económica y presentación periódica en contra de una mujer acusada de agredir físicamente a otra, mientras se originaba un conflicto entre ambas en la calle principal del sector Sabana Angosta del municipio de Villa Tapia de esta provincia, en un hecho ocurrido el pasado 26 de julio.

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dispuso que la imputada Rasaly Altagracia Díaz pague una garantía económica de 5,000 pesos en efectivo y firme un libro récord por ante la Fiscalía de esta jurisdicción una vez al mes por espacio de 6 meses, por los hechos que se les imputan de atentar contra la vida de una ciudadana, cuyo nombre se omite para proteger su integridad, quien al momento del hecho se encontraba en estado de gestación y posteriormente habría abortado producto de la agresión.

En torno al caso, el Ministerio Público señaló que el conflicto se originó pasadas las 7:00 de la noche del referido día, mientras la víctima se encontraba frente a su casa y llegó la imputada Rosaly Altagracia Díaz, quien, sin mediar palabras, agredió con un palo a la víctima, resultando con lesiones en la parte baja de su abdomen, que le provocó un sangrado inmediato.

Indicó que a la víctima como consecuencia de los golpes tuvo que practicársele un aborto de un embarazo de 10 semanas, según un reporte médico de un centro de salud de Villa Tapia, que presenta un estudio sonográfico, mostrando aborto completo, poliquitosis ovárica, con aumento de tamaño de ambos ovarios en relación a probable ooforitis.

Mientras que el certificado del médico legista actuante indica que fruto de los golpes recibidos la víctima sufrió trauma a nivel de abdomen, presentando dolor al examen físico y al sonográfico, que reporta un aborto completo curable en un periodo de 18 días.

De acuerdo al Ministerio Público, luego de presentar evidencias documentales y testimoniales en el transcurso de la investigación, procedieron con el sometimiento a la justicia de la imputada, quien es acusada de violar las disposiciones de los artículos 309 y 317 del Código Penal Dominicano.

La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, donde las autoridades señalan que la víctima al momento del conocimiento de la medida de coerción desistió del proceso seguido en contra de la imputada, mientras que el Ministerio Público continuó con el mismo por tratarse de un hecho grave y de una acción penal de orden público.