SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este martes que el Ministerio Público demostró de manera irrefutable que el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno recibió pagos de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que por más que la defensa de vueltas, intente desvirtuar la verdad o tergiversar, no tiene la forma de resolver cuestiones que están probadas ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Son afirmaciones irrefutables, como el hecho de que los sobornos que pagó Odebrecht llegaron a República Dominicana a través de Ángel Rondón y sus empresas Conansa y Lashan, y a través de Conrado Pittaluga y su empresa Newport Consulting”, dijo a periodistas que lo entrevistaron a la salida del tribunal, luego de la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves.
Insistió en que la defensa no ha podido negar en el tribunal que Conrado Pittaluga recibió dinero desde el Departamento de Operaciones Estructuradas y a través del sistema Drousys y dijo que “han querido tergiversar sobre la base de que en ese sistema no solo se pagaba soborno; y es cierto, se pagaba soborno y financiamiento ilícito de campaña”.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público, quien encabeza el equipo litigante, manifestó “hasta donde nosotros sabemos, Conrado Pittaluga no ha sido candidato a nada, evidentemente los pagos que recibió desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, fueron pagos de sobornos”.
En la etapa final del proceso judicial en la que se desarrolla la discusión final, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y conclusiones de las partes.
En la audiencia de este martes correspondió el turno a la defensa de Pittaluga Arzeno, quien es vinculado a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht con el propósito de obtener la adjudicación de obras en el país. Enfrenta cargos por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Los acusadores han establecido en el transcurso del juicio que manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas a la entrega de sobornos.
Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, específicamente por la obra Autopista del Coral, una de las 16 adjudicada a la empresa mediante el tráfico de influencia y el soborno.
En audiencias anteriores, después de escuchar al Ministerio Público, correspondió el turno a los representantes legales de los encartados, siendo la defensa de Pittaluga la última en presentar sus alegatos.
Además de Pittaluga Arzeno, son acusados por los sobornos de Odebrecht, los coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
El Ministerio Público hizo constar en la acusación que pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a favor de los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios.
En la etapa final del proceso, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de penas de 10, siete y cinco años de prisión para los imputados. También, que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que la defensa de Pittaluga continuará con su discurso de cierre.
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