SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público coordina con la Fundación para la Educación, Capacitación e Innovación (Funcapex) un programa para concientizar sobre la violencia de género, dirigido a empleados de las empresas que operan dentro del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera de Santiago.
El proyecto forma parte de un convenio de colaboración interinstitucional firmado por la procuradora general Miriam Germán Brito y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo con Miguel Lama Rodríguez, presidente de Funcapex, una organización sustentada por la Corporación de Zona Franca de Santiago (CZFS).
La iniciativa busca impactar en la reducción de los casos de violencia de género e intrafamiliar, con la promoción de una cultura de “tolerancia cero a la violencia” y fomentar la inclusión, la convivencia y la integración familiar.
Además de Bonilla, acompañó a la procuradora general Frinette Padilla Jiménez, responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio Público.
Lama Rodríguez estuvo acompañado por la directora del proyecto Capex, Cayra Bencosme y el asesor legal del CZFS, José Ramón Vega.
La magistrada Germán Brito ponderó el interés de los ejecutivos de la CZFS en contribuir con la convivencia pacífica en el seno familiar de sus empleados, así como con las poblaciones de los barrios que circundan el complejo empresarial.
“Ustedes no se han limitado a la búsqueda de ganancias, sino que han aportado para el progreso del entorno y por la calidad de vida de las personas”, resaltó en su despacho Germán Brito, al dirigirse a los visitantes.
“Me llega mucho el aspecto de que ustedes se integren en la preparación de los jóvenes, y eso tiene un efecto a largo plazo, porque les abre (a los jóvenes) esperanzas que no les llevarían a optar por una actividad delincuencial y eso tiene un mérito extraordinario para esta sociedad y particularmente para Santiago”, indicó Germán Brito.
También el fiscal de Santiago resaltó el apoyo de la CZFS en este antiguo proyecto del Ministerio Público, enfocado en concienciar a los trabajadores sobre el tema de violencia de género e intrafamiliar.
“Ahora queremos con el acuerdo también trabajar el tema de la conciliación y mediación dentro del parque”, agregó Bonilla.
En ese contexto, la magistrada Germán Brito resaltó el valor de las vías alternativas de resolución de conflictos. Indicó que la conciliación y la mediación tienen un efecto a largo plazo porque son “una forma de evitar que se llegue a la salida extrema del proceso penal y es una opción que tiene repercusión hasta en el aspecto de la sobrepoblación carcelaria y eso es una cuestión socialmente muy valiosa y que ayuda mucho al progreso social”.
Mientras que Lama Rodríguez, presidente de la Corporación Zona Franca y Funcapex, agradeció la acogida de Germán Brito a la iniciativa que busca apoyar los esfuerzos de la Fiscalía de Santiago por disminuir los niveles de violencia intrafamiliar y de género.
“Espero que, dentro de poco, podamos reunirnos de nuevo para ver y aplaudir los resultados y el impacto en bienestar de nuestra gente”, indicó.
Lama Rodríguez hizo una breve presentación sobre el impacto económico y social que tiene el complejo de empresas de zona franca en la ciudad de Santiago y la región Norte.
También esbozó los planes que impactarán en la mejoría de los más de 22 mil trabajadores del complejo y de los 300 mil habitantes de los sectores circundantes.
“Esa es la única manera, doña Miriam”, recalcó, “para que el talento no se te vaya y los talentos queden y no migren, y no haya rotación en la empresa y no haya pérdida de gente valiosa que se te vaya, tienes que darle las condiciones necesarias, no las mínimas, las necesarias, para que la gente se quiera quedar”, amplió el directivo empresarial.
El convenio establece que ambas instituciones diseñarán, en conjunto, un programa de capacitación destinado a mejorar la convivencia, la inclusión social y la tolerancia cero de la violencia.
El proyecto facilitará la intervención de expertos para la formación y orientación en estos temas, así como también, se hará del conocimiento del colectivo las acciones legales que podrán ser tomadas a cargo del Ministerio Público ante situaciones de violencia.
Inicialmente se implementará un plan piloto en las empresas que operan dentro del Parque de Zona Franca Víctor M. Espaillat Mera, en Santiago.
El Ministerio Público valorará, en coordinación con otros órganos del Estado y a partir de los resultados obtenidos con el plan piloto, la posibilidad de implementar el proyecto en otras empresas.
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