Santo Domingo.- Como parte de la colaboración interinstitucional, el Ministerio Público y el Gabinete de Política Social, coordinan la implementación de un piloto para la inserción laboral de mujeres afectadas por situaciones de violencia en el país.
Para la puesta en marcha del piloto fue firmado un acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público y el Gabinete Social, representados por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el coordinador de dicha entidad a cargo de los programas sociales, Tony Peña, respectivamente.
El acuerdo tiene como objetivo regular la colaboración interinstitucional entre las partes como una acción conjunta entre los Centros de Desarrollo Integral Para la Mujer (CEDI-Mujer) y el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia (CASV) del Ministerio Público.
La procuradora general, Germán Brito, valoró el acuerdo y agradeció el apoyo ofrecido para la inserción laboral de las víctimas de violencia.
“Este es un acuerdo muy importante, desde el 2007 el Ministerio Público creó un Centro de Atención a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia; con este acuerdo se pone de relieve la situación a la que debemos marchar, que es la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia”, destacó.
Al tiempo de resaltar los beneficios del convenio, expresó que “en el largo camino que yo he hecho en el sistema de justicia, sobre todo, hace mucho tiempo, veía a mujeres maltratadas que tenían necesariamente que ir a pedir que liberaran al individuo porque el hombre tenía que darle de comer a sus hijos”.
La magistrada Germán Brito resaltó la importancia del programa de capacitación de los trabajadores sociales, al considerar “que no basta ser trabajador social, sino, tener conciencia de este asunto como mujer, la discriminación, el maltrato que está tan arraigado en nuestra sociedad”.
De su lado, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, resaltó la labor de los citados centros, los cuales dijo que están destinados a atender solamente mujeres, al tiempo de expresar que darán todas las facilidades a la Procuraduría para la ejecución del proyecto.
Durante el desarrollo de la actividad, las autoridades anunciaron que por primera vez serán inauguradas unidades de atención a víctimas de violencia de género en Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros, las cuales serán lideradas por la Procuraduría General de la República.
Las instituciones acordaron revisar los protocolos y la arquitectura institucional de procesos y tecnología para la incorporación del CASV en el modelo de atención a la violencia contra la mujer de CEDI-Mujer, así como para la estructura a nivel provincial priorizada.
Además, para la implementación del proyecto de reinserción económica y social de mujeres en situación de violencia, ambas instituciones se encargarán de la selección de las beneficiarias que participarán en el programa y le realizarán visitas domiciliarias cuando se consideren oportunas y relevantes.
Igualmente, el Ministerio Público y el Gabinete de Política Social darán seguimiento semanal de avances al proyecto, conforme al rol institucional a la información del progreso de cada beneficiaria, a los retos identificados, a los logros, a los riesgos y realizar la planificación conjunta de las respuestas y evaluarán al menos cada quince (15) días el desempeño de las beneficiarias.
El Ministerio Público, mediante el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, se comprometió a poner a disposición el espacio físico para la correcta implementación del proyecto piloto, así como a compartir la información necesaria de las beneficiarias con el equipo de trabajo social de CEDI-Mujer para la correcta gestión de los casos.
Otras acciones por parte del Ministerio Público, incluyen, ofrecer los servicios de atención psicológica a las beneficiarias y capacitar a las trabajadoras sociales del equipo de CEDI-Mujer, así como a las organizaciones vinculadas al proyecto piloto, para asegurar la correcta intervención a las beneficiarias.
Mientras que el Gabinete Social, realizará el diagnóstico social, la evaluación de empleabilidad, las tutorías individuales, la orientación para acceder a recursos comunitarios y otras acciones que contribuyan a la disminución de barreras para la autonomía económica de las beneficiarias.
También, formará y evaluará, en coordinación con el equipo del CASV, en los módulos de empoderamiento, orientación para el empleo, y búsqueda de empleo, además de que identificará, seleccionará y gestionará organizaciones públicas y privadas con las cuales establecer acuerdos de colaboración interinstitucional en favor de las beneficiarias para el desarrollo de sus prácticas profesionales.
El acuerdo, firmado en el despacho de la procuradora general de la República, en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tendrá vigencia a partir de este miércoles, por un periodo de dieciocho (18) meses, pudiendo en su caso prorrogarse de común acuerdo por las partes.
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