SANTO DOMINGO, República Dominicana. La procuradora adjunta Army Ferreira, coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría General de la República, dictó la conferencia “Medidas en Fronteras”, en la que abordó los mecanismos legales para la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual en los procesos de importación de mercancías.
La magistrada Ferreira, quien posee estudios especializados en la materia, perfiló el alcance y los límites de los fiscales en su accionar ante las medidas de fronteras, tomando como referencia el derecho de autor y la protección a la marca, como parte de la propiedad industrial.
Durante su disertación, compartida por la vía virtual con decenas de fiscales, la coordinadora de la UPI explicó que ante la sospecha de alguna importación que lesiona sus derechos, cualquier productor o industrial local puede solicitar la suspensión del despacho de esa carga tanto ante la Dirección General de Aduanas, como por ante una fiscalía competente. En ese caso, el Ministerio Público requerirá las evidencias necesarias para actuar sobre el conocimiento de que no vulnera los derechos de la persona o empresa demandada.
Agregó que, una vez estos productos queden retenidos por la DGA, los fiscales actuantes deben tener claros los plazos legales para proceder ante la justicia, puesto que, si no se produce alguna acción dentro del tiempo establecido, la mercancía quedará liberada.
Hizo hincapié en la pertinencia de que los miembros del Ministerio Público se mantengan capacitados y actualizados, para alcanzar la eficiencia en su accionar ante las diversas situaciones y denuncias que se les presentan, vinculadas a las dos ramas de la propiedad intelectual. “Como fiscales debemos saber qué protegemos y qué debemos defender”, insistió, al abundar sobre las disposiciones de la Ley 65-00, sobre el Derecho de Autor, y 20-00, sobre Propiedad Industrial.
“Las acciones y sanciones deben ser estudiadas a diario por un fiscal que trabaja con la Propiedad Intelectual”, recalcó.
La conferencia se produjo en el marco del Curso Taller sobre Propiedad Intelectual, dirigido a miembros del Ministerio Público, iniciativa de la UPI y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), con el fin de elevar la eficacia en la investigación y persecución de los casos de violación a las citadas leyes 65-00 y 20-00.
En su exposición para este programa formativo, en el que participan 36 fiscales de diferentes jurisdicciones del país y representantes de varias instituciones vinculadas a la defensa de la propiedad industrial, la magistrada Ferreira recalcó la obligación del Ministerio Público de perseguir los hechos punibles, siempre que sean comprobables.
La conferencia, difundida a través de la plataforma Webex Meetings, es parte del programa de este curso, el cual se inició el pasado 18 de febrero y concluye el jueves 18 del presente mes.
En esta formación también participan la Embajada de los Estados Unidos en el país, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Send this to a friend
