Rodríguez abogó para que se establezca una óptima coordinación entre ambos organismos estatales.

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República saludó este viernes que acogiendo una petición del Ministerio Público, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana inicie una investigación especial al periodo completo del ingeniero Manuel Antonio Rivas, como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Mediante un comunicado de prensa, el magistrado Jean Rodríguez recordó que el Ministerio Público está desarrollando una investigación penal por corrupción a la gestión de Rivas en esa institución y que la misma está a cargo de la procuradora fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.

El procurador general indicó además que la investigación penal del Ministerio Público, junto a los resultados de esa investigación especial de la Cámara de Cuentas, permitirán estructurar una acusación por corrupción robusta para presentarla ante los tribunales.

Rodríguez abogó para que se establezca una óptima coordinación entre ambos organismos estatales, de forma tal, que cuando se esté realizando alguna auditoría en instituciones públicas, se notifiquen anticipadamente los hallazgos que indiquen la presunta existencia de actos de corrupción, para así poder actuar a tiempo contra quienes incurran en este flagelo.

Se recuerda que el procurador general de la República solicitó al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, realizar una auditoría a la gestión completa del ingeniero Manuel Antonio Rivas, como director de la OMSA, para sustentar adecuadamente la formulación de un futuro sometimiento judicial por corrupción en su contra, así como también, de los servidores públicos y empresarios que estén involucrados.

Acogiendo este requerimiento, el pasado jueves el organismo de control y fiscalización externa del Estado, comenzó a realizar una investigación especial en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, en momentos en que el extitular de la entidad gubernamental y otros antiguos empleados, guardan prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez.