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Procuraduría y Ministerio de Defensa han intervenido 13 compañías de seguridad privada por operar ilegalmente

Desde agosto 2016 hasta agosto 2018, en dos años la coordinación entre ambas instituciones estatales ha permitido ocupar 567 armas de fuego ilegales y someter a la justicia a 24 personas

SANTO DOMINGO, D.N.- El trabajo coordinado entre la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas, y el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), ha permitido intervenir desde agosto 2016 hasta agosto 2018 unas 13 compañías de seguridad privada que operaban ilegalmente.

La información está contenida en un informe dado a conocer por la PGR, el cual indica que las intervenciones a estas compañías se han llevado a cabo durante operativos conjuntos en los que se ocuparon unas 567 armas de fuego ilegales y fueron arrestadas unas 24 personas, entre propietarios, administradores y gerentes, quienes fueron sometidos a la acción de la justicia y se les impuso a varios de ellos distintas medidas de coerción y condenas.

La institución detalló que las empresas intervenidas e investigadas por operar ilegalmente son Escuela Private Security, Private Security, Seguridad Suprema, Atlanty, Inter-Com. Dijo además que, en fase de instrucción en la justicia con medidas de coerción ya impuestas contra sus ejecutivos, está la compañía Security Protection Center, SRL.

De igual manera, dijo que la compañía Alcones del Caribe, fue cerrada de manera provisional y se encuentra en juicio de fondo, mientras que se encuentran en fase de audiencia preliminar las empresas Special Armed Security, Compañías de Seguridad G3D, Professional Security And Services y Sepcter.

El órgano a cargo de la persecución de las armas ilegales, explicó que las empresas Leev, Guaposa y R&P, tienen sentencias condenatorias definitivas, además de que se logró el cierre de las compañías, la imposición de multas y la confiscación de los bienes incautados.

La declaración explica que las diligencias de investigación realizadas en esos casos fueron autorizadas mediante órdenes judiciales, siendo ejecutadas por la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas de la PGR, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del MIDE.

En relación a las compañías investigadas en el indicado período, se informó que operaban en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, Barahona, Higüey, Pedro Brand, La Vega, Moca, Salcedo y San Francisco de Macorís, así como en el municipio de Las Terrenas, en Samaná.

Explicó que entre las armas ocupadas en las mencionadas empresas hay un total de 396 escopetas, 91 revólveres y 80 pistolas, de las cuales no se tenía ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles, y algunas de ellas se estableció que habían sido retroqueladas y clonadas, además de que varias tenían el mecanismo de función alterado.

La nota indica que estas acciones se enmarcan dentro del plan de persecución contra el tráfico de armas ilegales trazado por la Procuraduría General de la República (PGR) conjuntamente con el Ministerio de Defensa (MIDE), el cual incluye registros o allanamientos a las empresas de seguridad privada.

Este plan incluye el secuestro de las armas de fuego que no cumplan con los requisitos legales y el sometimiento a la justicia de los responsables de su porte y tenencia ilegal, además de tener mayor control del manejo de las armas por parte de las empresas y así impactar la delincuencia común y la delincuencia organizada en todo en territorio nacional.

 

 

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