SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este miércoles “que el hecho de que los funcionarios reciban sobornos es una conducta que debe ser desterrada de la administración pública y que en este proceso (Caso Anitpulpo) debe recibir las sanciones correspondientes”.

“El Ministerio Público inició hoy con las réplicas a los planteamientos de las defensas e iniciamos con las respuestas a los incidentes. Vamos a continuar luego de eso con las respuestas a las cuestiones al fondo que han planteado las defensas”, dijo Camacho a miembros de la prensa que le preguntaron sobre el Caso Antipulpo tras concluir la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

“De entrada, con los incidentes, las defensas lo que han venido a este tribunal es a presentar cuestiones que no tienen ningún sustento jurídico, que no tienen ninguna base legal”, indicó.

Añadió que las defensas tratan de que el tribunal les valide “cuestiones en algunos casos que son incluso risibles”. En ese contexto, añadió que pretenden plantear al tribunal que las consecuencias de los sobornos es una falta administrativa, “cuando, evidentemente, las consecuencias de los sobornos es una falta penal que debe ser sancionada penalmente, sobre todo, por las consecuencias que tiene dentro de la propia administración pública el hecho de que los funcionarios reciban sobornos”.

Camacho representó al Ministerio Público junto a los fiscales José Miguel Marmolejos, Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes.

El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia para este jueves 19 de enero, a partir de las 11:00 de la mañana.

Por razones de espacio la audiencia se realiza en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.

En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público, lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.